sociedad

Revolución judicial. Una catástrofe para el pueblo
En estos once años, hemos asistido a un uso del sistema penal que ha producido una fuerte inseguridad acerca de la objetividad y la imparcialidad de la justicia en Italia, lo cual ha perjudicado tanto la educación de los jóvenes como el bienestar social del pueblo

Stefano Zurlo

Oficialmente, la revolución judicial italiana comenzó el 17 de febrero de 1992, cuando los carabinieri arrestaron a Mario Chiesa. Pero hay otra fecha quizás más importante que conviene tener en mente: el 3 de abril de 1993. Ese día Marino Mannoia pronunció por primera vez el nombre del político italiano más importante de la posguerra, Giulio Andreotti, siete veces presidente del gobierno, vinculándolo a la mafia. Italia, que ya se tambaleaba tras las confesiones de los empleados de Tangentópolis, acabó en manos de los arrepentidos de Cosa nostra. Y a la pretensión neo-jacobina de moralizar a la clase dirigente, como anhelaban los “mosqueteros” del Pool milanés, se añadió el sueño de rescribir la historia de Italia y blanquearla dentro de esa gran lavadora que es la Fiscalía de Palermo. Lo malo es que la colada de los colaboradores dará resultados desastrosos y a la postre, diez años más tarde, quedará todo para tirarlo a la basura.
Exageraron los Mannoia, los Buseta, los Mutolo y sus alumnos más o menos amaestrados como papagayos. Dejando a un lado por grotesco lo del beso de Zio Giulio a Totò Riina, lo cierto es que cuando trataron de aportar pruebas precisas, los “oráculos” fracasaron miserablemente: en la época en que supuestamente estuvo de cacería en Catania con el capo Nitto Santapaola, Andreotti se encontraba de visita oficial en Tokio y Rusia. El culebrón no encajaba con las páginas de la agenda. Pero el precio que se ha pagado es altísimo: los bulos escritos y escenificados por los treinta y cuatro arrepentidos (y nadie ha dicho que la cosa haya terminado) forzaron a tribunales, cortes de justicia, periódicos, parlamento y opinión pública a discutir e interrogarse sobre cuestiones inquietantes y sombrías: aquella mañana o aquella tarde nuestro político más relevante, ¿estaba con alguna mammasantissima o, por el contrario, se hallaba en compañía de personalidades de los países más desarrollados del mundo? Si preguntas como éstas se formulan una y otra vez durante diez años, como ha sucedido, transforman la historia en farsa y la crónica judicial en juego de adivinanzas. Preguntas así abocan a un país a perder la conciencia colectiva y el sentido común, además del buen sentido.

Todo plausible, nada demostrado
Esto es lo que ha sucedido en Italia. Todo se ha vuelto plausible y nada (o casi) se ha demostrado. Mientras Andreotti “descendía a los infiernos” de Perugia y Palermo, en noviembre de 1994 –momento culminante de la actuación de los “Manos limpias”– un aviso de inculpación, entregado directamente a los quioscos por el Corriere della sera, le llegaba al primer ministro, Silvio Berlusconi, en el curso de un congreso mundial sobre el crimen organizado que se desarrollaba en Nápoles. El impacto fue devastador: el aviso de inculpación daba la vuelta al mundo, el Gobierno se dividía y en el transcurso de unas pocas semanas, apuntillado por el peso de las huelgas y de la traición de la Liga, dimitía en masa. Italia parecía un campo de batalla.
Muchos años después, la lectura de los hechos puede ser a la vez tranquilizadora y muy, muy preocupante. Berlusconi sigue estando en el Gobierno y Andreotti ha sido absuelto. Pero el via crucis particular del senador vitalicio aún no ha terminado: la sentencia de apelación de Palermo, otro buen rompecabezas para los analistas políticos y los estudiosos del sospechoso, sostiene que Andreotti estuvo en contacto con los mafiosos hasta 1980 para después convertirse, nadie sabe por qué justo después de 1980, en campeón de la lucha contra la mafia. ¿Se repetirá en el Tribunal de Casación el esquema esquizofrénico de Perugia –absolución en primer grado, 24 años en el segundo round como responsable del homicidio de Pecorelli, reabsolución en tercer grado–? Misterios.
Mientras tanto, también en Milán la historia se repite. Este verano el traspaso de los poderes al frente de la UE se demoró porque el proceso contra Berlusconi por el asunto de la SME (Societá Meridionale di Elettricittá) estaba por encima de todo: el primer ministro griego, Costas Simitis, tuvo que esperar a que concluyera la vista en la que estaba implicado Berlusconi y Europa tuvo que inclinarse ante el metrónomo de la justicia. Gracias a Dios, al final el daño no fue tan grave y, además, la agenda de los jueces se suele complicar a causa de dilaciones y problemas. Pero el malestar perdura: vista tras vista, semana tras semana, los magistrados comenzaban puntualmente sus trabajos examinando el calendario del primer ministro y debatiendo si era o no legítimo un determinado impedimento, un encuentro con el ministro ruso o el premier japonés. Sucesivamente se fueron produciendo parones o pasos adelante, hasta que una ley, tan providencial como inoportuna en aquel momento –dado que fue llevada al parlamento a matacaballo a un paso de la sentencia– , congeló todo el proceso SME, reavivando las polémicas. Media Italia reivindicaba con orgullo el Lodo Schifani (ley que suspende los procesos contra los cinco cargos más altos del estado italiano, ndt.) (propugnada por el político Maccanico), mientras la otra mitad lo rechazaba como un oprobio.

Magistratura contra mayoría
Otra paradoja heredada de estos once años transcurridos en las trincheras con el casco calado consiste en que en 1992 la gente corriente entraba en éxtasis ante Di Pietro y sus socios, mientras que hoy una gran falla parte en dos a la opinión pública. Derecha contra izquierda y magistratura contra mayoría. Si en 1992 en Montecitorio un diputado democristiano llegó a pedir un autógrafo a Buscetta con las excusa de que era para su hijo, hoy la diáspora democristiana reivindica que se le restituya el honor pisoteado al escudo cruzado, ya muerto y enterrado. Es tarde, demasiado tarde para resucitar la DC, pero no para arreglar las cuentas. Y al final, el tiempo le pasa factura también a Luciano Violante que fue el primero en salvar las barreras que separaban la política de la magistratura y transformó la comisión antimafia en la avanzadilla de las fiscalías militantes. «Están las huellas digitales de Violante», afirmaba Andreotti en el Senado hace unas semanas, poniendo en dificultades al sumo sacerdote del justicialismo.
¿ Cuándo terminará esta deriva? Sobre la mesa quedan en este momento algunos datos desalentadores. La confianza en los jueces ha descendido diez puntos, como explica Renato Mannheimer. Hoy sólo un tercio de los ciudadanos se muestra favorable ante las actuaciones de los magistrados: en el 94 eran más del doble. Incluso echando la vista atrás, quedan demasiadas dudas en este largo trayecto. ¿Es posible que un asesino despreciable como Baldassare Di Maggio haya obtenido 500 millones por hablar de besos y cumbres? ¿Es posible que esa cantidad fuese sólo el anticipo de una asignación de 1500 millones? ¿Y cómo es que Di Pietro, tras una fuga precipitada de la ciudadela de los “Manos limpias”, ha entrado en los palacios de la política?

La justicia herida
Las investigaciones contra Berlusconi siguen como antes, la justicia sigue herida como antes. Tal vez, más que antes. Los procesos son lentos, no acaban nunca (sólo por esta razón Italia ha sido condenada 289 veces en el año 2002 por el Tribunal de los derechos del hombre de Estrasburgo), y las sentencias-vaivén no sólo afectan a los políticos, sino también a la gente corriente. El descubrimiento del error judicial llega siempre demasiado tarde, muchas veces tras el veredicto del Tribunal de Casación. Ello hace necesario un procedimiento de revisión, esto es, la admisión de que la justicia se ha equivocado de plano. Pasa muy rara vez, pero pasa. Le sucedió, por ejemplo, a un artesano de Nova Milanese, Daniele Barillà, envuelto en un asunto de drogas a causa de una maligna serie de coincidencias. Le arrestaron el 13 de febrero de 1992, teniendo durante un tiempo a Chiesa como vecino de celda. Después, el entones ex presidente de la Baggina salió y él se quedó dentro. Fue condenado, logrando salir de prisión ya en el verano de 1999, después de siete años y medio. Esta página de vergüenza nacional le costará al estado 4 millones de euros en concepto de indemnización. En cambio, aún es pronto para cuantificar la cantidad que se les entregará a dos presos de Bari, que llevan en la cárcel 12 años por un homicidio que no cometieron. La historia de Luigi Milloni y Mario Ferrante va camino de batir todos los récordes. En la Italia que ha estado al rojo vivo por las diatribas entre poderes, ¿cuántos ciudadanos normales, sin currículos altisonantes, han sido víctimas de los mecanismos del sistema? Mientras tanto, más del 80 % de los delitos –y casi el 100 % de los hurtos– quedan impunes.

Clima de incertidumbre y transición
Sin ánimo de ser derrotista y sin querer aventurar generalizaciones fáciles, la pregunta no puede obviarse. No se puede pasar por alto el hecho de que el número de detenidos, a menudo con procedimientos poco decorosos, se ha duplicado en pocos años, pasando de 25000 a 56000. Y aún queda por averiguar la relación entre revolución judicial y estado de la economía. Quedan ya lejos los tiempos en que el terremoto político-judicial derrumbó como castillos de arena imperios y grupos consolidados, incluido el de los Ferruzzi, por aquel entonces la segunda dinastía del país. Pero lo cierto es que este clima de perenne incertidumbre y transición, ese sentido de provisionalidad que arrastramos desde hace once años, no hace ningún bien. Y no favorece, en un momento de grave coyuntura económica, la puesta a punto de la máquina productiva. Así, conviene concluir con un dato que a menudo se pasa por alto y sobre el que merece la pena reflexionar: desde 1997 hasta 2001, el total de personas que vivían en pobreza absoluta (bajo la línea mensual de los 559,63 euros en una familia de dos personas) no sólo no disminuyó, sino que, a juzgar por los datos del ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) y el EURIPES (Istituto di studi politici, economici e sociali), aumentó un poco, pasando de 2.998.000 a 3.028.000. No es un signo de esperanza para la Italia del tercer milenio.